Desde EQUIS Justicia para las Mujeres estamos poniendo en el centro el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y sin discriminación. Nuestra propuesta es la Justicia Abierta Feminista, que implica una sacudida a toda la estructura del sistema judicial, para que nadie quede fuera.  

Confiamos en que los tribunales pueden convertirse en instituciones más democráticas, con legitimidad social y depositarias de la confianza de la sociedad para lograr su pacificación.

Nos preguntan cuál es la necesidad de nombrar a la justicia abierta como feminista.  Primero, aclarar que cualquier proceso que transforme y cuestione las relaciones de poder es un proceso feminista.

Sumarle el calificativo de feminista, en este caso particular, es necesario para evidenciar que estamos hablando de mucho más que transparencia, rendición de cuentas y colaboración interinstitucional. Estamos hablando de hacer real el acceso a la justicia para la ciudadanía, y particularmente para las mujeres y otros grupos poblacionales que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Por eso,  en EQUIS Justicia para las Mujeres, hemos sumado a los procesos de transparencia la urgencia de poner en el centro el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y sin discriminación.

La justicia abierta feminista es una justicia que busca la verdad, la reparación, la no-repetición, la protección, inclusión y, sobre todo, es una justicia que contribuye a eliminar la violencia y la desigualdad social. Es mucho más que transparencia.

El feminismo hace énfasis en la igualdad de oportunidades y no discriminación para todas las personas. Esto va más allá de mirar qué pasa con las mujeres. Se trata de visibilizar y cuestionar como determinadas categorías sociales ponen en desventaja y riesgo a millones de personas, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, colectivos LGTBIQ. etc. Las mujeres no somos son un colectivo homogéneo, ni somos el único colectivo que está excluido el acceso a la justicia.  Por eso queremos visibilizar cómo esos diversos sistemas de exclusión social (clase, etnia, preferencia sexual, identidad de género, condición socioeconómica, capacidades, entre otras) se cruzan con el género y limitan el acceso a la justicia para millones de personas.

La transparencia nos propone mirar y revisar nuestras prácticas de justicias, y el feminismo nos plantea la necesidad de hacerlo involucrando a la ciudadanía, validando las voces de aquellos grupos que están excluidos por el propio sistema. La accesibilidad es la clave para que esto sea posible, por eso necesitamos información clara, útil y accesible que permitan a la ciudadanía ver, comprender y analizar el estado de las cosas.

No se trata simplemente de un cambio de modelo, sino de remover toda la estructura del sistema judicial para que nadie quede fuera. Queremos que el acceso a la justicia deje de ser un privilegio y sea un derecho. Por eso necesitamos poner en el centro la participación ciudadana, y así garantizar la diversidad de voces para rediseñar un sistema que responda a las necesidades reales de la ciudadanía.

Queremos que el sistema de justicia deje de ser un espacio de poder que sostiene privilegios, ya que no alcanza a identificar las fallas que está teniendo el propio sistema para llegar a diversos colectivos sociales.

Desde EQUIS, estamos convencidos que el acceso a la información judicial es una premisa transversal para el acceso a la justicia. Asimismo, la garantía de este derecho permitirá a los tribunales convertirse en instituciones más democráticas, con legitimidad social y depositarias de la confianza de la sociedad para lograr su pacificación.

Ante un sistema judicial que falla a las mujeres

Presentamos algunos datos que muestran las violencias que enfrentan las mujeres en México, y cómo la impunidad y falta de acceso a la justicia alimentan y sostienen estas violencias.

De acuerdo con cifras del SESNSP-CNI, con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas^[1], de enero a octubre de 2020, se han cometido 777 delitos de feminicidio en México. Por otro lado, se registran 2,384 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso. Esto quiere decir que, en México, en promedio, 10 mujeres al día han sido privadas de la vida.

De acuerdo con el INEGI^[2], al menos 6 de cada 10 mujeres ha enfrentado un incidente de violencia; siendo los principales delitos cometidos en contra de las mujeres los relacionados con violencia sexual.

La mayoría de los delitos generales no se denuncian: se estima que la “cifra negra” es del 92%, es decir, únicamente 1 de cada 10 delitos se denuncian. En el caso de las mujeres mexicanas víctimas de algún tipo de violencia, sólo el 5% denuncian.

El bajo nivel de denuncia obedece a varias razones, entre ellas, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración e impartición de justicia, debido a la discriminación que reproducen los sistemas de justicia. En una encuesta realizada por el INEGI, se registró que únicamente el 14.8% de las personas encuestadas consideraron tener mucha confianza en los jueces y juezas de México^[3].

De los pocos delitos que se denuncian, sólo una minoría se judicializa, sin que esto garantice llegar a obtener una sentencia. Por otro lado, una sentencia tampoco es una garantía de protección y justicia para las mujeres, pues de las pocas sentencias que ha podido analizar la Red por la Ciudadanización de la Justicia^[4], se han advertido violaciones al derecho de acceso a la justicia de las mujeres.

En el contexto de la pandemia sanitaria, los poderes judiciales fallaron de nuevo a las mujeres. Los tribunales suspendieron o redujeron su labor en un momento en el que las situaciones de violencia doméstica, sexual y virtual se incrementaron por el aislamiento social y por la crisis económica. 

El informe (Des)protección judicial en tiempos de COVID-19[5] señala que la mayoría de los poderes judiciales no contemplaron como importante o urgente el funcionamiento de los diferentes mecanismos de protección dirigidos a mujeres, tales como las órdenes de protección que se pueden dictar con o sin proceso por las autoridades jurisdiccionales.

La inseguridad, las formas de violencia, opacidad, impunidad y crisis pandémica son factores que se interrelacionan aumentado el riesgo de mujeres y las niñas, como sucede en casos de otras crisis o emergencias.

Por eso es urgente un sistema de recolección de datos que no pase únicamente por las denuncias, y que recoja información desagregada para poder identificar dónde están los huecos en el acceso a la justicia para determinados colectivos sociales, como son las mujeres.

La transparencia pendiente

En 2019, EQUIS publicó el informe (In)Justicia Abierta: Ranking de opacidad judicial en México^[6], evidenciando que los Poderes Judiciales Locales no cumplían con sus obligaciones en materia de transparencia.

La realidad en México es que, hasta 2017, solo un poder judicial local contaba con un mecanismo de accesibilidad a las sentencias, es decir, el 96.9% de los poderes judiciales locales del país no estaban cumpliendo con la obligación de publicar sus sentencias bajo los principios de accesibilidad e inclusión.

Mediante este informe también pudimos detectar que el 100% de los poderes judiciales locales del país no contaban con una política de transparencia proactiva; que solo un poder judicial reportó acciones para difundir sus sentencias, y que, solamente, 7 de 32 poderes judiciales reportaban tener mecanismos de participación ciudadana.

Las Unidades de Transparencia de los Poderes Judiciales son las encargadas de llevar a cabo acciones para garantizar la generación, publicación y difusión de información judicial. Sin embargo, más de la mitad, es decir el 62.5% de los poderes judiciales locales no asignaron presupuesto para estas unidades en ese año.

México está entre los diez países peor evaluados en materia de impunidad y justicia de América Latina: Índice Global de Impunidad 2020.

Este panorama de opacidad es una de las razones que ha llevado a México a estar entre los diez países peor evaluados en materia de impunidad y justicia de América Latina, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI 2020)^[7].  También provoca una grave percepción de la corrupción sobre el Poder Judicial: de acuerdo con INEGI, el 68.4% de la población encuestada considera corruptos a los jueces y juezas del país, percepción que está vinculada con el panorama de opacidad judicial, pero también con el tipo de justicia que se está impartiendo en México.

¿Por qué es importante el acceso a la información judicial?

La publicación de sentencias es necesaria para poder identificar patrones de discriminación que obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres y perpetúan la violencia sistemática contra las mujeres.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), emitió una serie de recomendaciones al Estado Mexicano sobre garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres en condiciones de igualdad, sin discriminación y procurando la transparencia en las sentencias. Las Recomendaciones 33, 35 y 14 señalan que el Estado debe eliminar las prácticas discriminatorias y estereotipos en la labor de las personas juzgadoras, así como aplicar la perspectiva de género en las resoluciones de los casos.

Este mismo Comité subrayó su preocupación por la reducción del número de condenas publicadas e instó al Estado mexicano a informar si existen mecanismos para vigilar la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) recomendó garantizar la transparencia en las sentencias y la accesibilidad a un sistema de justicia sin discriminación. La publicidad de las sentencias es clave para la detección de prácticas discriminatorias en materia de género y etnicidad, porque permite emprender acciones que modifiquen, sancionen y denuncien estas prácticas.

Así, con transparencia y efectivo acceso a la información pública podemos monitorear las acciones que el Estado implementa para promover la igualdad sustantiva y parar erradicar la violencia y cualquier forma de discriminación de género.

Los Poderes Judiciales, como entidades públicas, deben estar abiertos al escrutinio público, a la rendición de cuentas y al ejercicio transparente de recursos. Actualmente la mayoría de las sentencias no se publican y la poca información que se emite desde los Poderes Judiciales Locales no responde a principios de accesibilidad e inclusión.

Sin perspectiva de género e interseccionalidad, no es justicia.

La Red por la Ciudadanización de la Justicia, con la auditoría ciudadana a los poderes judiciales de México No es Justicia^[8], analizó 110 sentencias de distintas entidades a través de la Metodología de Análisis de las Decisiones Jurisdiccionales con Perspectiva de Género. Esta auditoría evidenció que todos los poderes judiciales estudiados tenían una evaluación de 5.85 (en una escala del 1 al 10) de acuerdo con los elementos de análisis.

Algunos de los principales hallazgos del informe fueron:

– El 85% de las sentencias y/o resoluciones no consideraron cómo influyeron los estereotipos de género o las características de identidad de las personas involucradas en el caso.

– En el 69% de los casos, las personas juzgadoras omitieron analizar las situaciones de riesgo para las mujeres, y no dictaron órdenes de protección.

 – En el 86% de las resoluciones no se dictaron medidas de reparación y no se emitieron medidas de seguimiento en las sentencias.

Hoy en día, es común encontrar sentencias judiciales que no protegen, que discriminan; que, en lugar de garantizar derechos, toleran la violencia, especialmente contra las mujeres y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Son herramientas judiciales que alimentan este contexto de impunidad, reforzando la discriminación, la violencia y la desigualdad.

Pacto por una justicia abierta con perspectiva de género

Estamos ante un gran reto para los poderes judiciales, y ante una gran oportunidad para transformar las instituciones de impartición de justicia y transitar a una justicia abierta que contribuya a una justicia en igualdad y sin discriminación.

Por eso, desde EQUIS Justicia para las Mujeres, en colaboración con distintas organizaciones de la sociedad civil, convocamos a los poderes judiciales del país, a los órganos garantes de transparencia nacional y locales, a iniciar un camino de colaboración y co-creación de prácticas innovadoras, que sean el inicio de la justicia abierta con perspectiva de género en México.

Este pacto será un compromiso para adoptar estrategias y acciones que contribuyan a impulsar un modelo de justicia abierta, centrado en la igualdad y no discriminación.

La implementación del pacto tiene una metodología especialmente diseñada, pensada para realizarse en 5 etapas, con seguimiento a 7 líneas estratégicas a través 20 acciones.

Un gran reto, una gran oportunidad

Frente a un panorama de opacidad y discriminación del sistema de justicia, una “justicia” patriarcal y con barreras al escrutinio público, EQUIS Justicia para las Mujeres, la Red por la Ciudadanización de la Justicia y otros colectivos como #LoJustoEsQueSepas, hemos impulsado acciones que transformen la realidad judicial del país.

Para ello, tomamos la transparencia y al acceso a la información como ejes rectores del cambio hacia una gobernanza democrática y una impartición de justicia que camine de la mano con la ciudadanía.

Es clave que la justicia abierta feminista adopte su rol como herramienta para los derechos humanos, porque además de garantizar el derecho de acceso a la información sirve para contribuir a la garantía de otros derechos, como el acceso a la justicia o a una vida libre de violencia.

La Justicia Abierta Feminista nace como propuesta para fortalecer a las instituciones a través de la participación ciudadana. Un gran reto, pero también una gran oportunidad para crear un modelo que garantice el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y sin discriminación en México.

^[1] SESNSP, 2020, Información sobre violencia contra las mujeres. Disponible en:   https://drive.google.com/file/d/1err78aRUv63aU1_HipYKE_VgAcEdC2tN/view

^[2]  INEGI , 2016,  Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH 2016). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Nal.pdf

^[3] INEGI. 2019 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/temas/percepciondes/default.html#Informacion_general

^[4] Véase: Red por la Ciudadanización de la Justicia, 2019. No es Justicia. Análisis de sentencias y resoluciones judiciales del país. Disponible en: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/noesjusticia.pdf

[5] EQUIS, 2020. (Des)Protección Judicial en tiempos de COVID-19. Disponible en: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/DESProteccion_Informe.pdf  

^[6] EQUIS, 2017. Injusticia abierta: ranking de opacidad en México. Disponible en: https://equis.org.mx/injusticia-abierta/

^[7] UDLAP, 2020. Índice Global de Impunidad (IGI 2020). Disponible en: https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/0-IGI-2020-UDLAP.pdf

^[8] Red por la Ciudadanización de la Justicia, 2019. No es Justicia. Análisis de sentencias y resoluciones judiciales del país. Disponible en: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2021/02/noesjusticia.pdf