Hoy en día, estamos inmersos en una sociedad globalizada donde se ha transformado radicalmente la forma en la que accedemos a la información y al conocimiento[1], situación que nos ha orillado a un manejo de datos personales de forma abismal. Por consiguiente, es menester revisar el estado del arte con relación a los desarrollos tecnológicos (TIC´s) y los impactos en el ejercicio de nuestros derechos, así como los riesgos que implica todo esto, particularmente en lo que se puede manifestar como una forma de violencia.

La utilización permanente de dispositivos móviles e Internet, redes sociales, mensajería instantánea (Chat´s), geolocalización y datos personales (fotos, videos, voz, etc.) son catalizadores en la proliferación de conductas de violencia en contra de cualquier individuo; es preocupante esta situación, en virtud de que en México hay 84.1 millones de usuarios de internet y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares, el 91.8% de los usuarios de teléfono celular tiene un equipo inteligente (Smartphone) y el 78.3% de la población urbana es usuaria de internet.[2]

Aunado a lo anterior, el “Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México” de la Asociación Mexicana de Internet (AIMX) 2020, en un año de pandemia, registró que México alcanza un 74% de penetración entre la población de personas de 6 años en adelante, con 87.4 millones de usuarios conectados, con un promedio de conexión de 8 horas con 57 minutos, siendo los “smartphones” los dispositivos que abarcan el 91% de las conexiones. Asimismo, acceder a redes sociales es la actividad principal en internet, con el 89%; le sigue el envío y recepción de correos electrónicos con el 87% y el 82% en envió y recepción de mensajes instantáneos.[3]

Es relevante el dato de 45% de los usuarios de Internet en nuestro país; la cifra refleja que derivado de la contingencia sanitaria, se ha incrementado la adopción tecnológica, advirtiéndose que muchas veces, se ha comprobado que el Internet y los servicios que conlleva, se han utilizado para controlar, amedrentar, acosar, humillar, chantajear, extorsionar, entre otros. La viralidad, perdurabilidad y falta de olvido en el entorno on-line implican situaciones de riesgo; en este sentido, la “violencia digital”, debemos de entenderla como un delito y una flagrante vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales, al ser objeto de un indebido tratamiento.

Considero oportuno mencionar que la información o la gran cantidad de datos que existen, no es un acopio indefinido, sin rostro o nombre; la propia Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (2017), dice que “Los datos personales son toda aquella información concerniente a una persona física, identificada o identificable, relativa a sus características físicas y datos generales como lo son: domicilio, estado civil, edad, sexo, escolaridad, número telefónico y datos patrimoniales.” Esto es, todas las actividades que se llevan a cabo, son reflejo de emociones, gustos, hobbies, hábitos, relaciones, y mucho más, por lo que debe de ser correctamente tutelado, ya que lo anterior va conformando nuestra identidad digital.

Asimismo, los actos de violencia digital causan daños psicológicos y emocionales, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, ocasionan rechazo social, baja autoestima o depresión, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física[4], es por ello, que los actos primarios de prevención en el uso de datos personales llegan a traspasar las barreras de la virtualidad a causar estragos importantes en la vida de las personas.

Lo anterior, cobra relevancia frente los trabajos que se realizaron en el XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos[5], celebrado en el año 2019 en Naucalpan, Estado de México, donde los integrantes de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD)[6], promovieron la cooperación, el diálogo y el uso compartido de la información para el desarrollo de iniciativas y políticas de protección de datos; fomentar políticas, tecnologías y metodologías que permitan garantizar el derecho fundamental a la protección de datos; e impulsar programas de capacitación entre sus miembros, así como la información a la ciudadanía sobre el uso y destino de sus datos personales, fomentando una cultura de la denuncia digital.

Recientemente, en países iberoamericanos, se han llevado a cabo acciones tendientes a la promoción de estrategias para procurar combatir esta lamentable situación que nos aqueja; en el caso mexicano, se impulsó la “Ley Olimpia” que es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia y a los Códigos Penal Federal y Locales, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. En España, la Agencia Española de Protección de Datos, desde un enfoque institucional, creó una estrategia a partir del Plan de Responsabilidad Social de la Agencia y en el marco de la Agenda 2030 de la ONU, en concreto generó el “Canal Prioritario, una contribución de las autoridades de protección de datos a la lucha contra la violencia digital en las mujeres, niñas y adolescentes”, para atender los casos de acoso a partir de la difusión de vídeos o fotografías de forma ilícita en el entorno digital, contribuyendo así a establecer una vía de ayuda a las víctimas que requieran medidas urgentes para limitar la difusión de imágenes de contenido sexual o violento.

En la Declaración final de este el XVII Encuentro Iberoamericano[7], para una protección efectiva del derecho fundamental a la protección de los datos personales, se estimó adecuada la inclusión de materiales curriculares en los planes de estudio destinados a educar a los menores desde edades muy tempranas en el uso responsable de Internet y alertar sobre las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC’s. Para hacer frente a estos nuevos retos para la protección de los datos personales; se consideró necesario impulsar el desarrollo de iniciativas regionales, prioritariamente en el marco de programas y proyectos internacionales, que contribuyan a reforzar las respectivas competencias en sectores y ámbitos con un importante impacto social, ambiental e institucional, en especial en materia de igualdad de género, menores e innovación y emprendimiento.

De manera que la Red Iberoamericana de Protección de Datos ha impulsado diversas iniciativas con las autoridades integrantes, prueba de ello son las acciones programadas en el Proyecto de Eurosocial+ sobre “Fortalecimiento de la Estrategia de Lucha contra la Violencia de Género contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en Internet” que se ha desarrollado por las Autoridades de Protección de Datos de México (INAI, como socio líder, e INFOEM), Colombia (SIC), Perú (ANPD) y Uruguay (URCDP), además de la propia AEPD, en donde el INFOEM ha contribuido con informes, estudios e infografías, además de incorporado a valiosos actores de sociedad civil.

También la RIPD ha buscado que, desde una perspectiva global y regional, se debe incorporar en el marco legislativo y en sus políticas públicas las distintas formas de violencia digital, además de llevar una estrategia de responsabilidad compartida para trabajar desde un enfoque integral -preventivo y reactivo-, a fin de contar con los correspondientes canales de denuncia, atención inmediata a las víctimas y castigo a las personas responsables para mitigar los efectos de la violencia digital.

Considerando lo anterior, se han impulsado instrumentos y herramientas que permitan a sus respectivas Autoridades de Protección de Datos combatir de forma efectiva y urgente estas conductas en Internet, y yo añadiría de manera puntual, el implementar estrategias para concientizar a la ciudadanía de los riesgos, principalmente a las personas jóvenes y menores de edad, por ser quienes hacen uso frecuentemente de la tecnología y serán quienes en esta realidad convivirán toda su vida.

En razón de lo expuesto, es que en el seno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y derivado de la aprobación en la Comisión de Protección de Datos Personales, se emitió un “Pronunciamiento para evitar la violencia digital y mal uso de datos personales en plataformas digitales”, en donde se asumió por parte de los Organismos garantes, una responsabilidad compartida con las autoridades competentes para trabajar en mecanismos preventivos y de atención a la población en riesgo, asimismo, se realizó un llamado al H. Senado de la República, a fin de considerar la ratificación del Convenio de Budapest y actualizar la normativa respectiva y se invitó a la industria digital y a la ciudadanía a permanecer alertas de estas prácticas y desarrollar estrategias de prevención.

Debido a este vertiginoso cambio, la sociedad y sus instituciones deben reforzar la protección y las políticas preventivas para garantizar los derechos sobre la información personal incluyendo el entorno digital, ya que el crecimiento exponencial de las amenazas de injerencia en la vida privada de las personas[8] tiene como base que las nuevas tecnologías implican el aumento en volumen de datos personales y acciones específicas como la recopilación, almacenamiento, análisis y uso con diversos fines.

[1] Rodríguez, J. (2016). La protección de datos personales en las redes sociales. Día Internacional de la Protección de Datos Personales. México: INAI.

[2] El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publica la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020. Recuperado el 29 de julio de 2021, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf

[3] Asociación de Internet Mx (AIMX) (2020). Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México. Recuperado el 29 de julio de 2021, de https://www.asociaciondeinternet.mx/estudios/habitos-de-internet

[4] Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) (2018). Informe: “La violencia en línea contra las mujeres en México”. Recuperado el 29 de julio de 2021, de https://www.apc.org/es/pubs/informe-la-violencia-en-linea-contra-las-mujeres-en-mexico

[5] El Encuentro Iberoamericano es la Asamblea General de las Entidades miembros de la RIPD y se celebra una vez al año y tiene el carácter de órgano de la RIPD. El EIPD tiene naturaleza de foro de discusión directa y de adopción de decisiones y documentos.

[6] La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), se configura así desde sus orígenes como un foro integrador de los diversos actores, tanto del sector público como privado, que desarrollen iniciativas y proyectos relacionados con la protección de datos personales en Iberoamérica, con la finalidad de fomentar, mantener y fortalecer un estrecho y permanente intercambio de información, experiencias y conocimientos entre ellos, así como promover los desarrollos normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la protección de datos personales.

[7] Red Iberoamericana de Protección de Datos, Declaración Final Del XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Recuperado el 29 de julio de 2021, de https://www.redipd.org/sites/default/files/2020-01/declaracion-final-xvii-encuentro.pdf

[8] Ibidem